Que España pida perdón por la conquista y colonización hecha por sus antepasados sobre las naciones habitantes de lo que hoy es America Latina (no sobre México, que no existía) me parece innecesario. Pero no sería tan descabellado que sus gobernantes reconocieran y lamentaran la invasión y el sometimiento, la violencia y el despojo sufrido por aquellos pueblos, pues, a pesar de que lo que dice su rey, sí es posible juzgar esos hechos desde hoy, simplemente porque ésos y otros hechos similares también fueron juzgados en su momento. Los pueblos ibéricos no aceptaron con gusto la ocupación árabe y lucharon contra ella hasta terminarla poco antes de dirigirse a estas tierras.

Lo impertinente, por decir lo menos, es pedirle a España que pida perdón desde la cabeza de otro Estado que ha estado oprimiendo, discriminando y tratando de desaparecer a los herederos de las naciones mesoamericanas durante dos siglos, incluyendo el tiempo que, para nuestro actual presidente, es la época dorada de la vida pública mexicana: los años del priato hasta el fin del sexenio de José López Portillo.

No se puede hacer un llamado así de manera congruente desde un gobierno que, en esta materia, no se ha distanciado todavía de los anteriores y no tiene mejor propuesta para los pueblos originarios (enfatizo el plural, pues no son todos una misma cosa) que convertirlos en beneficiarios de programas sociales (al estilo neoliberal). El nuevo gobierno ni siquiera ha asumido explícitamente los derechos que esos pueblos tienen según la legislación internacional firmada por México (la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el que prescribe las consultas previas, libres e informadas a los pueblos originarios cuando se proyectan políticas públicas que los pueden afectar) y la nacional (artículo 2o. constitucional, entre otras normas).

Por otra parte, las respuestas internas y externas a favor y en contra de la carta de López Obrador al Rey de España en su mayor parte reflejan el racismo que se ha instalado en la sociedad a la par de las políticas hacia los pueblos indígenas (las expresiones anti-hispanas se adentran más en la estupidez que en la xenofobia). Es una discriminación que busca la desaparición o el blanqueo de la población indígena. Sí, tan blanqueo es querer mezclarlos para aclarar su piel o castellanizarlos a la fuerza como idealizarlos y atribuirles una esencia inmutable y excepcional. Con frecuencia, una y otra forma de blanqueo coexisten en las mismas personas y en las mismas políticas. La forma más ordinaria de combinar los dos tipos de blanqueo se da al confinar el valor de los pueblos indígenas en el pasado remoto y apropiárnoslo, mientras que en el presente se folcloriza e ignora a esos grupos.

Un ejemplo de esto último se puede ver en la mención superficial de sus derechos educativos en el dictamen aprobado la semana pasada en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, había propuesto el siguiente texto para un nuevo inciso f) del artículo 3o., fracción II:

f) (La educación) Será intercultural, incluirá la educación indígena respetando y preservando su patrimonio histórico y cultural. En las zonas con población indígena se asegurará la impartición de educación indígena plurilingüe e intercultural, para todos los educandos”.

Lo que se votó el 27 de marzo después del manoseo en las comisiones unidas fue:

En las comunidades y pueblos indígenas se impartirá educación plurilingüe y pluricultural con base al respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.

A mi juicio, la propuesta de Adelfo Regino se quedó corta respecto de lo que un pueblo puede esperar de su educación, pero, en todo caso, hablaba de la educación intercultural con respeto para el patrimonio histórico de esos pueblos. Lo que quedó en el dictamen que se presentará al pleno de la Cámara de Diputados es una educación pluricultural, término este último que pone el énfasis en la cantidad de culturas y no en su entendimiento, como lo plantea la noción de interculturalidad. Además, hay una clara confusión del término pueblo como sujeto de derecho y y de pueblo como asentamiento humano. Pero, más que todo lo anterior, el patrimonio ya no es de los pueblos indígenas (su patrimonio), sino nuestro (el patrimonio). Resulta que respetar ese patrimonio del pasado es importante porque es de los mexicanos en su conjunto, no porque ese patrimonio es parte de la vida actual de los pueblos indígenas. Entonces, lo que quieren los pueblos indígenas para ellos, hoy, a partir de su patrimonio, no es importante.

Si se quiere abrir una época de cambio (los resultados electorales del año pasado la pidieron, pero la toma de posesión no la instauró automáticamente), convendría hacer buenos los primeros cuatro párrafos del artículo 2o. de nuestra constitución política:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

¿Está clarísimo cómo poner en práctica esos párrafos? No. ¿Es sencillo? No. Pero es lo que hoy manda nuestra Carta Magna y los consensos de Naciones Unidas que hemos firmado, y no lo hemos llevado a la práctica.

¿Quien debe pedir perdón a los pueblos indígenas? El Estado Mexicano y nosotros, los mexicanos no indígenas, aquí, hoy.