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¿Quien debe pedir perdón a los pueblos indÃgenas?
Posted by Humberto Rivera Navarro in Crítica, Democracia, Derechos humanos, Educación, Historia, Justicia, México, Política, Pueblos indígenas, Sociedad, Uncategorized on 30 marzo, 2019
Que España pida perdón por la conquista y colonización hecha por sus antepasados sobre las naciones habitantes de lo que hoy es America Latina (no sobre México, que no existÃa) me parece innecesario. Pero no serÃa tan descabellado que sus gobernantes reconocieran y lamentaran la invasión y el sometimiento, la violencia y el despojo sufrido por aquellos pueblos, pues, a pesar de que lo que dice su rey, sà es posible juzgar esos hechos desde hoy, simplemente porque ésos y otros hechos similares también fueron juzgados en su momento. Los pueblos ibéricos no aceptaron con gusto la ocupación árabe y lucharon contra ella hasta terminarla poco antes de dirigirse a estas tierras.
Lo impertinente, por decir lo menos, es pedirle a España que pida perdón desde la cabeza de otro Estado que ha estado oprimiendo, discriminando y tratando de desaparecer a los herederos de las naciones mesoamericanas durante dos siglos, incluyendo el tiempo que, para nuestro actual presidente, es la época dorada de la vida pública mexicana: los años del priato hasta el fin del sexenio de José López Portillo.
No se puede hacer un llamado asà de manera congruente desde un gobierno que, en esta materia, no se ha distanciado todavÃa de los anteriores y no tiene mejor propuesta para los pueblos originarios (enfatizo el plural, pues no son todos una misma cosa) que convertirlos en beneficiarios de programas sociales (al estilo neoliberal). El nuevo gobierno ni siquiera ha asumido explÃcitamente los derechos que esos pueblos tienen según la legislación internacional firmada por México (la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos IndÃgenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el que prescribe las consultas previas, libres e informadas a los pueblos originarios cuando se proyectan polÃticas públicas que los pueden afectar) y la nacional (artÃculo 2o. constitucional, entre otras normas).
Por otra parte, las respuestas internas y externas a favor y en contra de la carta de López Obrador al Rey de España en su mayor parte reflejan el racismo que se ha instalado en la sociedad a la par de las polÃticas hacia los pueblos indÃgenas (las expresiones anti-hispanas se adentran más en la estupidez que en la xenofobia). Es una discriminación que busca la desaparición o el blanqueo de la población indÃgena. SÃ, tan blanqueo es querer mezclarlos para aclarar su piel o castellanizarlos a la fuerza como idealizarlos y atribuirles una esencia inmutable y excepcional. Con frecuencia, una y otra forma de blanqueo coexisten en las mismas personas y en las mismas polÃticas. La forma más ordinaria de combinar los dos tipos de blanqueo se da al confinar el valor de los pueblos indÃgenas en el pasado remoto y apropiárnoslo, mientras que en el presente se folcloriza e ignora a esos grupos.
Un ejemplo de esto último se puede ver en la mención superficial de sus derechos educativos en el dictamen aprobado la semana pasada en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos IndÃgenas, habÃa propuesto el siguiente texto para un nuevo inciso f) del artÃculo 3o., fracción II:
f) (La educación) Será intercultural, incluirá la educación indÃgena respetando y preservando su patrimonio histórico y cultural. En las zonas con población indÃgena se asegurará la impartición de educación indÃgena plurilingüe e intercultural, para todos los educandosâ€.
Lo que se votó el 27 de marzo después del manoseo en las comisiones unidas fue:
En las comunidades y pueblos indÃgenas se impartirá educación plurilingüe y pluricultural con base al respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.
A mi juicio, la propuesta de Adelfo Regino se quedó corta respecto de lo que un pueblo puede esperar de su educación, pero, en todo caso, hablaba de la educación intercultural con respeto para el patrimonio histórico de esos pueblos. Lo que quedó en el dictamen que se presentará al pleno de la Cámara de Diputados es una educación pluricultural, término este último que pone el énfasis en la cantidad de culturas y no en su entendimiento, como lo plantea la noción de interculturalidad. Además, hay una clara confusión del término pueblo como sujeto de derecho y y de pueblo como asentamiento humano. Pero, más que todo lo anterior, el patrimonio ya no es de los pueblos indÃgenas (su patrimonio), sino nuestro (el patrimonio). Resulta que respetar ese patrimonio del pasado es importante porque es de los mexicanos en su conjunto, no porque ese patrimonio es parte de la vida actual de los pueblos indÃgenas. Entonces, lo que quieren los pueblos indÃgenas para ellos, hoy, a partir de su patrimonio, no es importante.
Si se quiere abrir una época de cambio (los resultados electorales del año pasado la pidieron, pero la toma de posesión no la instauró automáticamente), convendrÃa hacer buenos los primeros cuatro párrafos del artÃculo 2o. de nuestra constitución polÃtica:
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indÃgenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del paÃs al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y polÃticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indÃgena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indÃgenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indÃgena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indÃgenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomÃa que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indÃgenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artÃculo, criterios etnolingüÃsticos y de asentamiento fÃsico.
¿Está clarÃsimo cómo poner en práctica esos párrafos? No. ¿Es sencillo? No. Pero es lo que hoy manda nuestra Carta Magna y los consensos de Naciones Unidas que hemos firmado, y no lo hemos llevado a la práctica.
¿Quien debe pedir perdón a los pueblos indÃgenas? El Estado Mexicano y nosotros, los mexicanos no indÃgenas, aquÃ, hoy.
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